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Mar17102017

Última actualización03:30:00 PM GMT


El decreto del 3+2: nuevo ataque a los derechos del estudiantado

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Los ataques a la educación pública y los cambios legales que afectan a la estructura y calidad de ésta no son algo nuevo. A pesar del impacto que ha supuesto a nivel subjetivo en muchos estudiantes la propuesta del gobierno sobre la modificación de los planes de estudio (el popularmente conocido 3+2), lo cierto es que la estrategia general en la cual se enmarca este paso lleva ya tiempo siendo aplicada progresivamente.

La intención es clara: quitar ladrillos a la educación pública uno a uno, para ir modificando sigilosamente la fisonomía de ésta de acuerdo con los intereses de las grandes empresas.

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Los políticos que aprueban y aplican disposiciones como el reciente anteproyecto de decreto de Wert, del que ahora hablaremos, no son gestores neutros del sistema buscando la mejor manera de hacer las cosas en beneficio de todos. Ni mucho menos. Los vínculos de estos individuos con el mundo empresarial y con los grandes bancos del país han sido reiteradamente demostrados a través de los múltiples casos de corrupción destapados hasta ahora, más la colocación de políticos en consejos de administración de grandes empresas, la financiación ilegal de partidos políticos por parte de los monopolios, etcétera.

Las disposiciones legales que se aprueban en los consejos de ministros, en las cortes o en los parlamentos autonómicos persiguen, pues, la aplicación de una estrategia a largo plazo diseñada por la patronal con un objetivo concreto: convertir la educación pública en un espacio en el que se pueda hacer negocio.

Esta estrategia viene de lejos. Así, no es casualidad que en 1997, dos años antes de la rúbrica del Plan Bolonia, los empresarios de la la patronal europea sacasen un documento público en el que contasen su visión de lo que debía ser el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que después sería seguido al pie de la letra por los gestores políticos. En él dejaban claras sus intenciones: que la educación pública esté al servicio de la obtención de beneficios.

El EEES es un espacio al que se adhieren, voluntariamente, numerosos países siguiendo los dictados de su respectivas oligarquías. Hasta 47 estados, miembros o no de la Unión Europea, participan en este proyecto que tienen los empresarios y los banqueros para la educación superior, cuya finalidad es homogeneizar los ataques a nuestros derechos en todo el continente europeo y en parte del asiático.

La implantación del EEES tras la suscripción del Plan Bolonia en 1999 ha supuesto para los estudiantes de extracción obrera y popular graves perjuicios. Con él se implantó un sistema que dividía nuestras carreras en créditos ECTS, puerta abierta para la subida del precio de las matrículas -que ha sido exponencial en los últimos años- y para que paguemos por horas que dedicamos a hacer trabajos o a estudiar en casa.

Otra consecuencia del Plan Bolona, que es lo que ahora nos atañe dado lo que vamos a hablar, es la transición de nuestros planes de estudios desde la relativa complejidad de la licenciatura hasta la generalidad del grado. Y es que con el Plan Bolonia pasamos de tener carreras de cinco años, con contenidos que brindaban al alumno una formación relativamente completa, a los cuatro años actuales con contenidos mucho más simplificados.

La idea de los empresarios es clara: si nuestros títulos, en este caso los que obtenemos al finalizar el grado, son más sencillos y generales, significa que estamos menos especializados. Y en ese caso se nos puede pagar salarios más bajos. Si la burguesía necesita algunos estudiantes un poco más especializados, puede contar con los que hayan hecho el máster.

El anteproyecto de decreto que presenta el ministro Wert ahora sigue esta filosofía. Pretende simplificar aún más nuestras carreras, quitándoles un año y desposeyéndolas de asignaturas optativas y menciones, que generalmente se cursaban hasta ahora en cuarto. Con ello, obtendremos títulos aún más generales y, por lo tanto, fuerza de trabajo más barata.

Dicen que el conjunto del grado más el máster correspondiente (3 y 2 años) nos ofrece la misma formación que el grado de 4 años más 1 de máster. Es posible. La cuestión es cuántos estudiantes podrán acceder a ese ciclo completo de estudios. Ellos lo saben también. El precio del máster está por las nubes y más ahora que todos los másters públicos están siendo sustituidos por otros de carácter privado, financiados directamente por las grandes empresas.

Entrando en materia: el anteproyecto del ministro Wert, que lleva medio año sobre la mesa, pretende modificar el Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre y el Real Decreto 99/2011 del 28 de enero, por el que se regulan los planes de estudio de las enseñanzas universitarias y de máster.

Hasta ahora, el RD 1393/2007 garantizaba la existencia de carreras de 240 créditos, es decir de cuatro años. Era el resultado de las intensas luchas de los estudianes contra el Plan Bolonia. Y es que, a pesar de los cantos de sirena de quiénes dicen que las huelgas no sirven de nada, lo cierto es que fueron las movilizaciones estudiantiles las que impidieron al gobierno aplicar directamente el 3+2 como sucedió en otros países. El 4+1 fue la transición de licenciatura a grado, el mínimo que querían y pudieron aplicar. Pero no era su objetivo final.

Otra conquista de los estudiantes era que, hasta ahora, podías acceder a un doctorado teniendo aprobados 240 créditos de grado y sólo 60 de máster. En otros países necesitas tener 180 de grado y 120 de máster.

El anteproyecto de decreto pretende modificar numerosos apartados de los dos Reales Decretos citados. A destacar:

  • El apartado 3 del artículo 3 del RD 1393/2007, en el que ahora se reconocería de manera explícita la competencia de las universidades para aprobar la modificación de los planes de estudios, con ratificación de las CCAA y las agencias de calificación. ¿Qué significa eso? Pues que para aplicar el 3+2 es necesaria la complicidad de los gobernantes de la universidad, de los gestores políticos y de las grandes empresas (a través de las agencias de calificación). Nadie puede quitarse las moscas de encima, diciendo que "esto viene impuesto desde arriba". Cuando en una universidad se modifiquen los planes de estudio, habrán participado en ello los empresarios, los políticos y los miembros del Consejo de la Universidad o del Consejo Social + Consejo de Gobierno y otras instancias universitarias.
  • El apartado 1 del artículo 12 del mismo Real Decreto, en el que se encarga a las universidades la tarea de elaborar planes de estudio para, tal cual lo dice, obtener la "formación básica y generalista y no la especialización del estudiante". Porque nos quieren poco formados, mano de obra barata.
  • En el apartado 2 del mismo artículo se recuerda, por si no lo sabíamos ya, que los créditos contabilizan horas de trabajo, tutorías y estudio en casa. Nos recuerdan que estamos pagando verdaderos dinerales por estudiar en nuestros hogares. Se dice en el mismo apartado que las universidades deben velar por la complementariedad de grado y máster (es decir: que los que puedan pagárselo puedan acceder a la educación completa).
  • En la disposición transitoria primera se dice claramente que los estudiantes que estén cursando ya un grado que vaya a reducirse de 4 a 3 años, se verán irremisiblemente afectados por el cambio. Alguien puede empezar una carrera de cuatro años y acabar haciéndola de tres.
  • Se autoriza a aplicar estas medidas a partir de septiembre de 2015.

Los que quieren aplicar esta reforma, en los gobiernos pero también dentro de las universidades, argumentan que debemos hacerlo para equipararnos a los otros países europeos. Lo recordó Wert en unas declaraciones que hizo en verano, al presentar este anteproyecto de decreto.

Pero, ¿es cierto que los países europeos estén aplicando el 3+2?

Si bien es cierto que hay bastantes países -entre los 47 que forman parte del EEES- que lo hacen, no es ni mucho menos verdad que sea de aplicación general. Algunos estados como Islandia, Portugal, Francia, Italia, Noruega, Suecia o Austria sí lo están aplicando. Pero otros tienen un 4+1 (España, Ucrania, Bulgaria), 4+2 (Rusia, Turquía, algunos países bálticos), 4+1,5 (Escocia) o un modelo mixto (Inglaterra, Gales, Irlanda, Alemana, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Grecia, Finlandia...)

Que no nos engañen. Su intención es homogeneizar este ataque a nivel europeo, sí, pero no es cierto que ya lo hayan conseguido y debamos adaptarnos a ellos. Nada más lejos de la realidad. La lucha de los estudiantes les está poniendo enormes dificultades en su aplicación, lo cual se traduce en una confusa heterogeneidad a nivel de todos los países.

Ellos saben que la organización estudiantil en sindicatos, que la lucha con movilizaciones y huelgas, puede parar sus reformas. Por eso lo hacen silenciosamente, presentando el anteproyecto en verano y discutiéndolo ya, ahora mismo, con total secretismo en los claustros y juntas de facultad de todo el país.

Pero los estudiantes no vamos a resignarnos y vamos a denunciar sus maniobras y a hacer todo lo posible por pararlas.


Domenec Merino es Subdirector de Opinión de Tinta Roja.

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