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Mar17102017

Última actualización03:30:00 PM GMT


Nos obligan a emigrar y encima nos quitan la tarjeta sanitaria

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Hace escasos días, los portavoces del gobierno del Partido Popular anunciaban una nueva medida contra la clase trabajadora y los sectores populares: la anulación de la tarjeta sanitaria para aquellos desempleados de larga duración que decidan trasladarse al extranjero durante más de noventa días y establecer allí su lugar de residencia.

La información ha suscitado, como no podía ser de otra manera, indignación y críticas en los barrios obreros y populares, así como en los centros de trabajo y de estudios. Es habitual oír en el trabajo, o en clase para los estudiantes, comentarios airados contra la disposición legal.

Dadas las fechas en las que se publicó la decisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir el 26 de diciembre, muchos pensarían que el ejecutivo estaba ensayando inocentadas para el Día de los Santos Inocentes que estaba ya al caer. Pero nada más lejos de la realidad. El gobierno del Partido Popular, al servicio de los monopolios como todos los anteriores, se limitó a dar un paso más en la dinámica de despojar a la clase obrera de todos sus derechos, hasta los más elementales, para situarla en un contexto de miseria y explotación aún mayor que el de las décadas pasadas. Todo con el objetivo de remontar beneficios en esta época marcada por la crisis estructural del sistema capitalista, y para mejorar la rentabilidad de las grandes empresas privadas con la mirada puesta en la competencia con los burgueses de otras naciones.

En otras palabras: los gestores políticos del sistema capitalista están adoptando todas las medidas legales necesarias, al son del compás marcado por sus amos capitalistas, para que espacios como la sanidad o la educación, que antaño la clase obrera había conquistado con su lucha tenaz como derechos garantizados por el Estado capitalista, se conviertan en espacios de acumulación. El modelo aplicado en países como Estados Unidos demuestra que el área de la salud es un negocio muy lucrativo, y la patronal española es consciente de ello. Así pues, los lacayos de la burguesía se arrojan a una carrera desenfrenada por adelgazar las competencias del Estado capitalista en materia de Bienestar Social, para dejar paso a la empresa privada y sus arcas sin fondo expectantes de dinero procedente de los bolsillos de la sufrida clase trabajadora.

Esta reforma legal supone un perjuicio especialmente profundo para los jóvenes de extracción obrera y popular. El motivo para lanzar tal aseveración es la constatación, mediante los datos disponibles, de que buena parte de la emigración en nuestro país tiene un componente juvenil. Con un 60 % de paro crónico entre los jóvenes y un porcentaje del 61,7 % entre la juventud de personas dispuestas a trasladarse al extranjero, la burguesía pretende ahora ahorrarse los costes que supone garantizar la salud y bienestar de estas personas allá dónde vayan.

Seguramente veremos muy pronto en las brillantes pantallas de nuestras televisiones a algún representante del gobierno de turno recordando los consejos pretéritos de que los jóvenes nos mudemos a Londres a servir cafés, y recordando lo bonito y liberal que es depender de uno mismo, también en materia de sanidad, y ser "independiente del Estado".

Seamos conscientes de que esta monstruosa vuelta de tuerca a la continua degradación de nuestras condiciones de vida no nos afectará sólo de manera temporal o circunstancial. Pues el equipo de gobierno se da prisa en señalar que la medida no afecta a los estudiantes Erasmus o a aquellos que se marchan de turismo, pero esconde deliberadamente que los jóvenes trabajadores que encuentren empleo en el extranjero perderán la tarjeta sanitaria (esto ya en base a disposiciones legales previas, promulgadas a nivel europeo) y aquellos desempleados de larga duración que simplemente trasladen su residencia a otro país y permanezcan en él durante más de 90 días se quedarán también sin derecho a la Seguridad Social. Y lo que es peor: cuando vuelvan a España, tendrán que acreditar tener trabajo, ser pensionistas o estar apuntados en la oficina del paro para recuperar el derecho a ser tratados como seres humanos en lo que concierne a salud. En otras palabras: la devolución de la tarjeta sanitaria al volver de otro territorio no será automática.

Algunos aún pensarán que la situación anteriormente descrita no afectará a un número significativo de personas. Aunque fuese cierto, sería igual motivo de indignación para todos nosotros, pues el ataque hacia un grupo ni que sea pequeño de trabajadores es una acometida contra el conjunto de la clase trabajadora. Pero nada más lejos de la realidad: a los jóvenes trabajadores de este país la implementación de esta nueva regulación nos afecta enormemente. Y es que todos sabemos que el empleo juvenil aquí, como en el resto de naciones que se rigen por el modo de producción capitalista, tiene unas características determinadas, y entre ellas destaca con claridad la del trabajo en negro.

En efecto. Muchos obreros jóvenes se parten el lomo laborando numerosas horas al día, cobrando salarios de miseria, y ni siquiera cotizan en la Seguridad Social ni existe constancia oficial alguna de que estén empleados. Todos ellos perderán la tarjeta sanitaria sin remisión cuando se vean forzados a trasladarse a Inglaterra, a Alemania o a otros sitios empujados por la miseria creciente allá dónde viven, pues en las estadísticas serán contabilizados como parados de larga duración.

La medida también dificultará el retorno de todos aquellos que, una vez perdido el puesto de trabajo allá dónde fueran, deseen retornar a su tierra, debido a la cierta dificultad que supondrá recuperar el derecho a la sanidad. El trabajo en los Estados receptores de inmigrantes como Alemania está marcado, como en España, por la temporalidad. En este sentido son muy conocidos 'los mini jobs' alemanes, caracterizados por los bajos salarios y la elevada "flexibilidad", usando la terminología que le gusta emplear a nuestro enemigo de clase. No es difícil imaginar el drama que vivirán miles de jóvenes al tener que moverse hacia un lugar desconocido con un trabajo incierto en la mano, para luego perder el mismo y encontrarse acorralados entre unas condiciones difíciles en el país receptor y otras casi peores en el punto de partida.

También los inmigrantes, la mayoría de ellos jóvenes, que vuelvan a su país nativo después de haber residido en el Estado español durante un tiempo, perderán el derecho a recibir asistencia sanitaria allá dónde vayan. De esta manera se les empujará aún más a ese brutal abismo de pobreza y desesperación en el que muchos se encuentran y que les obligó inicialmente a buscar sustento para ellos y sus familias en parajes lejanos de su patria.

Todas estas medidas no se deben al capricho del gobierno actual ni a un ajuste temporal del cinturón con vistas a la "superación de la crisis", sino a una estrategia bien definida por los empresarios y banqueros de este país, -que controlan de manera efectiva el poder político-. La vía para frenar esta barbarie es la organización, la acumulación de fuerzas y el derrocamiento de su poder. Sólo cuando tomemos nuestros asuntos en nuestras propias manos seremos capaces de usar en provecho propio la riqueza que generamos.


Domènec Merino es miembro del Comité Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas.

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