Para poder tratar de un modo coherente la represión en la época del tardofranquismo y los primeros años de dictadura del capital bajo máscara democrática, con motivo del 35º aniversario de la constitución de 1978, lo primero que debemos hacer es un rápido repaso por la situación económica, social y política de nuestro país a fin de comprender mejor cuales fueron los principales elementos que influyeron en el discurrir de los acontecimientos, intentando de este modo alejarnos de lo que podría ser una simple recopilación de datos o un examen idealista de un periodo histórico de tanta trascendencia para analizar la actual situación, ya que como se suele decir, de aquellos polvos, estos lodos.

En cuanto a la situación económica, la crisis del 73 ya se había hecho notar también en España y tanto el paro como el empobrecimiento de la clase obrera y las capas populares seguía en aumento mientras la integración internacional de la economía española seguía a pies juntillas la hoja de ruta dispuesta por la OCDE, que acabaría suponiendo la entrada ya en el 86 en la CEE (luego UE); mientras tanto, la lucha obrera había comenzado un imparable ascenso a finales de los 60 y principio de los 70 que acabarían arrancando al estado fascista toda una serie de garantías sociales y laborales, ejemplificada por el derecho de negociación colectiva, por la cual de facto se reconocía la lucha de clases.

En lo que a situación política se refiere, el arraigo del antifascismo y el progresivo aperturismo (legalización del PCE en 1977) fomentó la creación de nuevos destacamentos junto con la atomización. Tras la asunción del eurocomunismo por parte del PCE y la presencia de diversos grupos tanto izquierdistas como derechistas de las más variadas tendencias, se frenó la posibilidad de acumular debidamente las fuerzas propias de la clase para lograr imponer sus intereses y exigencias al nivel necesario. Esto significó a su vez una mayor debilidad de los militantes organizados frente a las severas acciones represivas estatales, que si bien venían ya de antiguo, durante la llamada transición no fueron sino en aumento.

La cantidad de compañeros, de todas las edades, que sufrieron la represión en estos años es inmensa, pero en este artículo a modo de esbozo nos centraremos en tan sólo algunos casos de jóvenes que dieron su vida mientras luchaban por lograr construir una sociedad más justa.

Mientras el dictador fascista seguía con vida, la represión era una realidad cotidiana a la que enfrentarse, pero ello no impedía la lucha, pese al trágico final que supuso para gran cantidad de trabajadores.

El 3 de Abril de 1973, en San Adriá del Besòs, más de 2000 obreros luchaban por la reducción de jornada, el aumento de salario, el derecho de reunión y conservar el salario integro durante las bajas en la central térmica, cuando la Guardia Civil ametrallo la manifestación a las puertas del centro de trabajo dejando varios heridos y asesinando a Manuel Fernández Márquez, militante del PSUC y de CCOO, de 27 años, dejando un huérfano de 2 años; en su funeral la Guardia Civil impidió que uno de sus compañeros intentó leer el siguiente poema:

"Murió por gritar

Ese día murió

Manuel Fernández Márquez,

Obrero.

Pero no de cansancio, Como morimos muchos.

Pero no de accidente de trabajo,

Como seguimos muriendo.

Pero no de hambre y de miedo,

Como quisieran que muriésemos.

Murió por gritar

que no quería morir por nada de eso."

La mañana del 20 de enero de 1975, en Portugalete, Víctor Manuel Pérez Elexpe, militante comunista de 23 años, fue tiroteado por la Guardia Civil mientras repartía octavillas en solidaridad con los trabajadores durante una huelga general en Navarra. El 1 de agosto del mismo año en Donostia se celebraba una movilización contra los consejos de guerra, un policía de paisano tiroteó a Jesús García Ripalda de 23 años.

Siendo ya Jefe de Estado Juan Carlos I la represión siguió siendo la norma y su frecuencia fue en aumento.

Tristemente célebre es el caso de los Abogados de Atocha, asesinados en Madrid, del cuál poco se podría decir que ya no se sepa.

El 12 de Diciembre de 1977, a las puertas del paraninfo de La Laguna (Tenerife) un Guardia Civil acribilló a Javier Fernández Quesada, estudiante de biología de 22 años, durante una protesta estudiantil en apoyo a los trabajadores del transporte, tabacalera y del sector del frío.

El 1 de febrero de 1980 en Madrid, Yolanda González Martín de 19 años, militante del PST y perteneciente a una coordinadora de enseñanzas medias, durante el transcurso de una huelga general fue secuestrada en su piso por dos militantes de Fuerza nueva, llevándola a un descampado en el que le descerrajaron dos disparos en la cabeza.

Debido a obvias razones de espacio, no podremos citar el abultado número de casos reseñables, sin embargo para completar una idea de la situación aún será necesario enumerar los de Francisco Javier Verdejo Lucas, de 19 años, asesinado por la Guardia Civil mientras hacía una pintada, Bartolomé García Lorenzo, de 21 años, tiroteado por policía de paisano en su casa, Juan Manuel Iglesias, de 16 años, muerto mientras intentaba huir de una carga policial, Ángel Valentín Pérez, obrero de 24 años, apuñalado por militantes de ultraderecha durante una manifestación, Elvira Parcero Rodríguez, de 22 años, golpeada hasta la muerte por la policía durante una manifestación y el de Andrés García Fernández, de 18 años, militante de UJCE apuñalado con un machete militar por fascistas.

Junto con todos estos dramáticos casos, no debemos olvidar que los actos represivos terminados en muerte son la punta del iceberg del mecanismo represivo puesto en marcha, con multitud de variables que podían ir desde las simples amenazas a castigos laborales, represalias académicas, acoso, persecución... olvidar el curriculum represivo sólo puede servir para facilitar que las mismas herramientas puedan volver a ser usadas sin coste político, es por ello una obligación para con ellos tener presente el sufrimiento y la sangre derramada.

Gran parte de estos casos han quedado impunes en el sistema jurídico español por culpa de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977 que exoneraba de toda culpa a los agentes directos e indirectos de toda la represión ejercida bajo la excusa de la reconciliación nacional para de este modo preservar en sus cargos a toda una casta política y funcionarial fascista que continuaría directa o indirectamente ejerciendo similares funciones para aplacar la combatividad política y social de la clase obrera y las capas populares. Esta ley criminal no tuvo incidencia sólo en la "transición española", sino que fue tomada como modelo para multitud de leyes de amnistía y punto final en otros países, especialmente de América Latina, y al igual que en su momento de aplicación en nuestro país, fue bendecida y aceptada sin combate de un modo vergonzante por las fuerzas reformistas y socialdemócratas; factura que "hubo que pagar" a cambio de una ya prevista legalización acordada previamente en instancias internacionales.

Casi tan vergonzante como la anterior, fue la mal llamada Ley de Memoria Histórica, de Diciembre de 2007, del gobierno presidido por J. L. Rodríguez Zapatero, supuestamente "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Esta Ley, lejos de suponer una reparación y reconocimiento real de las víctimas de la represión fascista, sirvió para lavarle la cara al estado frente a sus responsabilidades históricas, para igualar las diferentes luchas de modo idealista y para desactivar la lucha antifascista a través de un memorialismo institucional aséptico.