El fascismo, como dictadura terrorista abierta del capital, se configura por y para el bloque oligárquico-burgués, que es quien ejerce, por ser el principal interesado, como su principal soporte. Los cuarenta años de dictadura fascista en España nos permiten constatar la veracidad de esta afirmación. Y es que la oligarquía española no estuvo cuarenta años escondida bajo la alfombra, como algunos quieren hacernos ver. Bien al contrario, el período que va desde 1936 a 1975 ha sido testigo de como quienes hoy ejercen su dominio de clase, han acumulado capital promoviendo y beneficiándose de la política económica llevada a cabo por el fascismo. Dichas políticas encuentran su continuidad tras la instauración de la democracia burguesa, momento a partir de cual fruto del proceso previo de concentración, el capital español se lanza a la conquista de mercados externos, incorporándose al bloque imperialista interestatal representado por la Unión Europea. Veamos cómo se ha dado este proceso.
El fin de la Guerra Nacional Revolucionaria encuentra una España arrasada tras tres años de conflicto. Los datos recogidos del I Plan de Desarrollo ilustran están situación: "250.000 viviendas destruidas y otras 250.000 inutilizadas; y 192 ciudades y pueblos con más de un 60% de destrucciones. Inutilización del 41% del parque de locomotoras, el 40% del parque de vagones de cargar y el 61,2% del parque de coches de viajeros. Hundidas 225.000 toneladas de marina mercante"[1]. La producción industrial, fruto de la destrucción de infraestructuras, cayó un 31% respecto a 1935, colocándose por debajo de la agrícola, que a su vez había caído un 21,2% en el mismo período, hecho que derivó en un proceso de ruralización de la sociedad[2]. Ante esta situación, la burguesía tanto agraria como industrial, gran triunfadora de la guerra, requería de un Estado fuerte e intervencionista que reconstruyese la infraestructura destruida, mantuviese disciplinado al movimiento obrero y protegiese su producción de la competencia extranjera. En torno a estas líneas generales giró la conocida como política de autarquía que se extendió desde 1939 a 1957. Durante el período de autarquía, el Estado fascista puso en marcha la maquinaria estatal desarrollando una política intervencionista que tendría en el INI (Instituto Nacional de Industria), junto al Servicio Nacional del Trigo, sus mayores exponentes. A través del INI se estimuló fundamentalmente la industria pesada (base indispensable para cualquier proceso industrializador que se pueda adoptar posteriormente), concediendo todo tipo de privilegios y estímulos a industrias del sector. Al INI pertenecieron empresas por ese entonces estatales que ahora están constituidas por capital privado concentrado tales como SEAT, Empresa Nacional Bazán (actual Navantia) o ENSIDESA (ahora en manos del grupo ArcelorMittal), entre tantas otras. El INI desembolsará, hasta 1960 en torno a 55 millones de pesetas, de las cuales 42 millones fueron destinadas a la industria básica [3], todo al servicio del bloque oligárquico-burgués que había iniciado su particular proceso de acumulación y concentración de capital, similar al que estaba teniendo lugar en el resto de Europa, aunque algo más retrasado.
Con la recuperación de la industria pesada, el siguiente paso sería el fomento de una industria ligera que consumiese los insumos producidos por la pesada. Para ello era fundamental el estímulo tanto de la inversión privada en dicho sector como el consumo interno necesario para su viabilidad económica. En este sentido se promulgó en 1959 el Plan de Estabilización, orientado hacia la reducción de la inflación, la estabilización de la moneda y la limitación del déficit público, para así facilitar y atraer la inversión extranjera. Para ese entonces, España ya formaba parte del FMI y recibía ayudas económicas de Estados Unidos. El Plan de Estabilización pretendería corregir algunos de los desequilibrios financieros creados por la política autárquica. Sus efectos comenzarían a verse a mediados de los años sesenta, momento a partir del cual se abre una nueva etapa en el proceso de acumulación y concentración del capital por parte de la burguesía española.
Para mediados de la década del sesenta, las medidas de liberalización y de reestructuración financiera junto con las garantías que daba la represión fascista respecto al control de la fuerza de trabajo, sedujo a los inversores extranjeros que comenzaron a traer sus capitales al país. El crecimiento económico se acelera y aumenta la capacidad adquisitiva de la clase obrera, que comienza a consumir bienes tanto importados como producidos por la incipiente industria ligera. Esta nueva fase en el proceso de acumulación de capital por parte de la burguesía se sostiene sobre tres pilares: la emigración masiva (que traía como consecuencia la disponibilidad de puestos de trabajo y la llegada de divisas, en forma de remesas, desde el exterior), el turismo (otra fuente de divisas, con 21 millones de visitantes en 1969) y el crecimiento de las importaciones (favorecidas por la devaluación de 1967) [4]. Son años de modernización del aparato productivo en manos del bloque oligárquico-burgués, que no obstante, sigue contando con una importante protección del Estado. No obstante, el crecimiento del poder adquisitivo de la clase obrera (que se situaba en torno a unos modestos 720 dólares mensuales [5]) resultaba insignificante al lado de los enormes beneficios que estaba acumulando la burguesía. Las luchas obreras, a pesar falsa imagen de prosperidad y bienestar que se buscaba dar, estaban más vivas que nunca, como demostraron las combativas huelgas que tuvieron lugar en distintos puntos en los años 1956, 1962 y 1966.
Así, tras una primera fase de reconstrucción y una segunda de modernización y liberalización, se abre una tercera fase de concentración de capital, coincidiendo con la crisis de 1973, en la que aquellos sectores, fundamentalmente industriales, incapaces de soportar las turbulencias que tenían como su detonante la subida del precio del petróleo, eran desguazados y absorbidos por el capital más concentrado y en mejor posición de aguantar la crisis. Este proceso comienza a darse fundamentalmente tras la muerte del dictador, con la instauración del régimen democrático-burgués, un paso más en el proceso de integración que estaba iniciando el ya capital monopólico español con el polo imperialista interestatal europeo. En este sentido girará la política de reconversión industrial (que se dará en dos fases: una a raíz de la crisis de 1973, destinada a eliminar aquellos sectores que habían perdido su competitividad y a favorecer su absorción por otros más concentrados, otra con la entrada a la CEE en 1986, cuyo fin era adecuar el modelo productivo español a los requerimientos de la CEE y a la nueva configuración de la división internacional del trabajo). La reconversión industrial afectó a los sectores menos diversificados de la industria ubicados en la cornisa cantábrica, levante y otros puntos del Mediterráneo. La principal consecuencia de estas políticas fue el drástico aumento del desempleo, fruto del cierre de numerosas empresas que eran absorbidas por capital concentrado tanto español como foráneo. Así, el desempleo pasó del 2,5% en 1970 (según las más que cuestionables estadísticas oficiales) a un 21,9% en 1985; la aportación de la industria al PBI pasó del 40% en 1970 al 35,7% en 1985; la tasa media anual de crecimiento paso del 7,5% en el período 1970-1975 al 1,3% entre 1980-1985 [6]. Detrás de estas cifras, se esconde la catastrófica situación en la que había quedado la clase obrera, principal perjudicada de la acumulación y concentración de capital que tuvo lugar gracias a la inestimable colaboración del Estado fascista entre 1939 y 1975, y que encontrarían su continuidad durante los sucesivos gobiernos democrático-burgueses. Sobre estas bases se constituirá el capitalismo en el Estado español en su actual fase monopólica e imperialista.
Notas
[1]: en Clavera, "Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización: 1939-1959", Madrid: Edicusa, 1978
[2]: en Largo, Martínez, Ortega y otros, "Historia de España. La España de Franco. La Transición", Madrid: Club Internacional del Libro, 1992
[3]: en Pierre Vilar "Historia de España", París: Libraire espagnole, 1974
[4]: ídem
[5]: ídem
[6]: en Sancho y Velilla Gil: "1975-1985 Crisis económica y reconversión industrial", sección de El sector secundario en España, en Geógrafos, 2002.
