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El aborto y el sistema sanitario en España

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El día 28 de septiembre es el día internacional por la despenalización del aborto. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), debe garantizarse como un derecho de libertad reproductiva, pero hoy en día esto dista mucho de la realidad.

Atendiendo a las estadísticas vemos que por legislación el aborto es "legal" en 117 países, comprendiendo el 74% de la población mundial. Pero analizando los datos se ve, que a pesar de que exista un marco legal que permite a la mujer a detener su embarazo, la mayoría de estos países no garantizan una atención libre y segura, quedando sujeto únicamente a casos de violación, malformación fetal o integridad física de la madre.

El aborto en España es legal, se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas ya sea en un centro sanitario público o uno privado acreditado. A excepción de las mujeres que sean extranjeras o que vivan en España en situación irregular, que sólo podrán acceder al aborto por la vía privada. Según los datos extraídos del INE durante el 2014 el 89,91% se realizaron en centros privados, correspondiendo tan solo el 10,09% a centros públicos. Estos datos demuestran que el aborto es utilizado como un negocio, tanto en los países que está legalizado, siendo gestionado principalmente por instituciones privadas, como en aquellos que está ilegalizado y únicamente las mujeres con un elevado nivel socioeconómico pueden acceder a este servicio.Por el contrario, las mujeres en situación de pobreza deben enfrentarse a la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal. De acuerdo con la OMS 78.000 mujeres mueren al año por abortos inseguros. La mayoría de muertes por realización de IVE se da en países cuya legislación del acceso al aborto es más restrictiva y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces es limitado o inexistente.

Una de las principales causas para la IVE la encontramos en la limitación económica, por lo que si bien la restricción de las leyes del aborto es discriminatoria para el género femenino en su conjunto,en este sentido lo es más para aquellas mujeres de extracción obrera y popular.Esto, sumado a la eliminación de las ayudas a la maternidad, hace que muchas parejas no puedan afrontar la maternidad como una opción. Al menos 60.000 mujeres al año pierden su empleo debido a la discriminación por embarazo sin contar los casos de degradación, acoso o invalidez para promoción a cargos superiores debido a la maternidad.

El aborto es una cuestión que afecta en gran medida a las mujeres jóvenes. Durante el 2014 el 60% de las mujeres que interrumpieron su gestación tenían entre 18 y 30 años, y, en concreto, el grupo más numeroso es el que se encontraba entre 18 y 25 años y que representa el 37% de las usuarias. Las menores de 16 y 17 años sumaron 204, es decir, el 4% del total.

Una medida para reducir el número de embarazos no deseados entre las mujeres jóvenes es implantar en el sistema educativo la educación sexual basada en el conocimiento científico, con un enfoque sobre los derechos sexuales y reproductivos. De este modo convertirse en una herramienta para tomar decisiones autónomas, responsables y saludables sobre su sexualidad.

A pesar de que la Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en España recomienda la educación sexual, no es una asignatura obligatoria. Además, no existe referencia a la educación sexual en las diferentes materias, únicamente se habla sobre aspectos biológicos. Por eso es necesario que se imparta una educación sexual de calidad para todos y donde se incluya información sobre anticoncepción, embarazo, aborto, el cuerpo humano, el sexo y las relaciones de pareja, y otras muchas más temáticas que logren un concepto amplio de la sexualidad.


 

Irati Gómez, responsable de la comisión de mujer del CC de los CJC

 

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