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Vie29032024

Última actualización09:36:03 AM GMT


El Plan de Garantía Juvenil permitirá a los empresarios contratar a jóvenes un mes después de despedir a trabajadores mayores.

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-Panrico, Coca-Cola o fagor recibirán hasta 1.800 euros por contratar a menores de 25 años por haber efectuado despidos hace mas de un mes.

 

El Real Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo este fin de semana trae de la mano este tipo de posibles medidas a aplicar por las empresas, que verán una oportunidad para contratar trabajadores mas baratos solo un mes después de despedir a los mas antiguos. Esto se traduce en un abaratamiento general de las plantillas a costa de los fondos públicos.

Esta redacción aprobada por la vía de urgencia por el Ministerio de Empleo permitiría a una empresa despedir el día 1 de un mes a su plantilla y sustituirla el día 31 por trabajadores mas jóvenes cobrando hasta 1800 euros por cada uno. Los expertos denuncian un “cortísimo periodo de enfriamiento”.

Un segundo problema que se plantea es la ausencia de límites para el “encadenamiento de subvenciones”. La ley establece que “la duración de la bonificación será de 6 meses, estando obligada la empresa o el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos 6 meses desde el inicio de la relación laboral”.

Esto se traduce en que los empresarios podrán realizar este proceso cada seis meses, despidiendo a un trabajador, esperando 30 días para contratar a otro y cobrando en cada proceso hasta 1800 euros de dinero público.

Otro aspecto del programa es la cesión de datos personales a las ETTs. Esto significa que las empresas de trabajo temporal tendrán acceso a la base de datos de España sobre jóvenes y empleo, pudiendo acceder a los datos personales de hasta 845.000 jóvenes “no ocupados que tampoco están recibiendo educación o formación”.

Entre estos datos figuran no solo los datos como nombre, apellidos, DNI o fecha de nacimiento sino también las denominadas “circunstancias sociales” del tipo características de alojamiento, permisos de conducir, propiedades, etc. El Real Decreto-Ley no impone a los empresarios ningún límite en el uso de esa información.


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