El pasado jueves 12 de junio el juicio contra los 13 miembros integrantes de un piquete en la huelga de 2009 se vio aplazado ante la incomparecencia de uno de los testigos clave.

Los hechos de 2010 tuvieron lugar ante la Universidad de Sevilla, situada en la antigua fábrica de tabacos, sobre las 9:00 horas el día 29 de septiembre. Estas personas, ejerciendo el derecho a huelga y el consiguiente piquete informativo, acudieron a la institución a convencer a  profesores y alumnos de que no entraran a dicha universidad y se unieran a la huelga general, hechos por los que la Fiscalía pide penas de hasta dos años y 6 meses de cárcel. Entre los acusados hay un abogado sevillano.

El juicio se aplazará hasta el día 17 de octubre porque el Juzgado no citó a uno de los profesores testigos presuntamente agredido por los miembros del piquete, de acuerdo con la versión policial. Otras fuentes consultadas califican al testigo de fundamental para la defensa de los acusados, ya que el mismo niega estos hechos de los que se les acusa. Este testigo es porfesor de Hisotira Medieval de la Universidad de Sevilla.

El Ministerio Público pide un año de cárcel para todos los imputados, acusándolos de desórdenes públicos. Para cuatro de ellos, además,  pide otro año y medio de prisión por un delito de atentado.

A los acusados se les tacha el libre ejercicio de piquete informativo de "increpar e impedir el libre acceso a profesores y alumnos". 

La Fiscalía acusa a los imputados de intentar colocar vallas en los puntos de acceso de la universidad, hechos que llevaron a tener varios forcejeos con la Policía Nacional. Según el fiscal, también profirieron gritos contra  toda persona que intentaba entrar, no sólo de esquirol, si no también diversos insultos hacia sus personas como "fascista" e "hijo de puta". De acuerdo con las palabras de la policía, tuvieron que proteger a las personas que intentaban entrar en el lugar porque peligraba su integridad física. Posteriormente, declararon que los piquetes aumentaron su grado de violencia y lanzaron objetos contra los agentes, y también los empujaron. Algunos de esos agente presuntamente agredidos no presentaban ninguna lesión. Otros, según el fiscal, presentaban lesiones y daños en los uniformes, pero se ve obligado a reconocer que no fue posible determinar de forma concreta e individualizada qué pérsona o personas fueron las autoras de dichas agresiones.

Este ataque a las 13 personas acusadas responde claramente al carácter represivo del Estado, que va en aumento, y que lo único que intenta es desorganizar a la clase obrera que legítimamente secunda la huelga y acude a centros de trabajo y estudio a intentar convencer al resto de trabajadores y estudiantes de secundar dicha huelga como método de protesta contra las medidas antipopulares que el capitalismo impone a trabajadores y sectores populares. 

La finalidad de un piquete es concienciar a los trabajadores y estudiantes, el hecho de que se intenten criminalizar estos actos responde al intento de que se vea cualquier atisbo de organización del pueblo de manera violenta, intentando crear así un rechazo social a todo lo que huela a organizarse para luchar por los legítimos derechos del pueblo, desarmando así la mejor manera del pueblo de combatir al capitalismo. 

El objetivo de estas acusaciones arbitrarias y con escasas pruebas, contando en gran medida con la única palabra de la Policía para verificar los hechos - recordemos que el testigo que no compareció niega que le haya agredido nadie - es sembrar el miedo entre los sectores más conscientes y organizados del pueblo, a la par que alienta a los sectores menos avanzados a rechazar esta forma de organización por considerarla violenta.