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Sab04052024

Última actualización09:36:03 AM GMT


Los trabajadores afectados por los ERTE no podrán recuperar la prestación de paro

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  • La medida puede afectar a más de medio millón de trabajadores, que son las personas que han sufrido un ERTE durante 2012 y 2013.
  • Esta medida entrará en vigor a partir de 2015.

El Ministerio de Empleo ha decidido no prorrogar la medida que permitía que los trabajadores afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) si, posteriormente, eran despedidos, recuperaban la prestación de paro gastada durante los días del ERTE. Esta medida afectará a los trabajadores despedidos a partir de 2015.

En 2012, 306.358 trabajadores se vieron afectados por un ERTE y hasta octubre de 2013 fueron 246.144 los afectados; por lo que la medida podría afectar a más de medio millón de personas.

Esta medida no es más que otra vuelta de tuerca más del ataque que está sufriendo la clase obrera hacia todos los derechos que ha tardado años en conquistar.

La medida tiene especial significancia si tenemos en cuenta que los ERTE se usan para ir desvinculando a los trabajadores de la empresa e impedir la movilización de estos para evitar el despido o también como respuesta a las huelgas y movilizaciones de los trabajadores amenazados de despido; intentando vender el ERTE como una victoria parcial para, una vez pasado el tiempo y con los trabajadores desmovilizados y sin contacto entre ellos, despedirlos.

Por lo tanto, contando los días de cobro de paro del ERTE como días de cobro de paro de un despido normal se equiparan ambas opciones; reforzando la tesis elaborada en el párrafo anterior sobre que los ERTE son sólo un avance del despido.

Esta medida afecta especialmente a la juventud trabajadora; quienes sufren las peores condiciones laborales y porque, además, al haber trabajado menos años, esta medida supone un golpe mayor ya que, al ser despedidos posteriormente, verán mermados de manera más notable los meses de paro a cobrar.

Medidas como esta pretenden no sólo ahorrar dinero del erario público para destinarlo a otros finales sino además situar a los trabajadores en una peor situación con el fin de poder imponer peores condiciones laborales bajo premisas de miedo y hambre.

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