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Contribución del PCPE al 22º Seminario Comunista Internacional

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“Vuestras ideas mismas son producto de las relaciones de producción, de la propiedad burguesa, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley”. C. Marx y F. Engels.

1.- El desarrollo de la crisis capitalista en España.

La economía española lleva seis años sumida en una dura crisis capitalista. Tras una breve recuperación, iniciada a mediados de 2010, comenzó un nuevo ciclo recesivo en 2011 que continuará a lo largo del presente año, con una caída del Producto Interior Bruto que superará el 1,5 %. Todo hace prever que el nuevo ciclo recesivo continuará durante 2014.

La crisis capitalista actual, que tiene su causa principal en la sobreproducción, determina las políticas que vienen aplicando en favor de los monopolios los diferentes gobiernos. El Gobierno del PSOE trató de hacer frente a la crisis poniendo en marcha una serie de medidas de orientación socialdemócrata, aprobando en enero de 2009 el denominado Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), al que siguió el Plan de Economía Sostenible a finales del mismo año, que a la postre daría lugar a la aprobación de la Ley de Economía Sostenible de marzo de 2011.

La socialdemocracia transfirió más de 50.000 millones de euros a los monopolios para tratar de compensar la caída de la tasa de ganancia, bajo el pretexto de implantar un nuevo modelo productivo basado en la inversión pública y en la denominada economía sostenible o economía verde.

Fracasadas las medidas socialdemócratas, y en presencia de un nuevo ciclo recesivo, el Gobierno del PSOE optó directamente por aplicar una línea de gestión neoliberal, continuada por el Partido Popular desde su triunfo en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011.

La clase obrera y los sectores populares de nuestro país han visto cómo se descargan sobre sus hombros las consecuencias de la crisis capitalista. En el periodo inmediatamente anterior al inicio de la crisis la tasa de desempleo se situó en España en torno al 8 %. El duro proceso de destrucción de fuerzas productivas iniciado en 2007 condenó a cientos de miles de trabajadores al paro: en el año 2010 la tasa de desempleo superó el 20% y en el año 2012 alcanzó por primera vez el 25%, superando actualmente el 27,16%, con más de seis millones de trabajadores parados. La tasa de desempleo juvenil ha alcanzado un histórico 57,22 %, el más alto de toda la Unión Europea, condenado a la juventud obrera a soportar una verdadera falta de expectativas vitales en el marco del capitalismo.

Desde el año 2008 se baraja que medio millón de familias trabajadoras han sido expulsadas de sus viviendas a través del desahucio, al no poder hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca. Más del 25% de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición, no dispone de la ropa adecuada y no goza de un espacio adecuado para el juego o el estudio. Más del 30% de los niños cuyas familias cuentan con unos ingresos mensuales inferiores a los 640 euros mensuales no consigue finalizar la enseñanza obligatoria y no logra el graduado escolar. La tasa de pobreza en España alcanza ya el 21,8%, más de un 30% de las familias declaran no poder llegar a fin de mes y un 41% no tiene capacidad alguna de hacer frente a un gasto imprevisto.

Incluso en el caso de que el actual ciclo recesivo fuese superado, todas las previsiones apuntan a un periodo de estancamiento o de leve crecimiento que, con toda seguridad, será seguido de un nuevo ciclo recesivo. Tanto la línea socialdemócrata de gestión como la línea neoliberal han traído consigo un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo. A medida que se desarrolla la crisis capitalista, aumenta la pobreza absoluta y relativa de la clase obrera y la riqueza se concentra cada vez más en manos de una reducida oligarquía. La sociedad va escindiéndose cada vez más en dos polos antagónicos, una minoría parasitaria vive a costa del sufrimiento y el trabajo de una inmensa mayoría social. Según los últimos datos disponibles, en el periodo 2007 – 2010 la caída de la renta de las familias trabajadoras se situó en un 9 %. Mientras tanto, una reducida oligarquía compuesta por unas doscientas familias posee una riqueza superior a los 135.000 millones de euros; incluso en plena crisis económica se baraja el dato de que los diez principales capitalistas vieron incrementada su fortuna en un 8 % durante el año 2011.

2.- La clase dominante desata una auténtica guerra contra la clase obrera y el pueblo.

Para los comunistas no es ningún secreto que los cambios en la base económica de la sociedad determinan, antes o después, toda una serie de modificaciones en la superestructura jurídica, política e ideológica. Desde el inicio de la crisis capitalista, vienen operando toda una serie de cambios superestructurales que tratan de responder a las dificultades que el bloque oligárquico burgués se encuentra en el proceso de acumulación de capital y persiguen dos objetivos principales: abaratar el precio de la fuerza de trabajo y facilitar la represión estatal contra el movimiento obrero y popular.

a)    Cambios legales en el ámbito laboral.

Como respuesta a la crisis capitalista iniciada en 1973, la oligarquía española puso en marcha un proceso dirigido a abaratar el precio de la fuerza de trabajo. Ese proceso comienza con la aprobación de la Ley 16/1976 de Relaciones Laborales y tendrá varios episodios posteriores, destacando por su importancia la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores, las reformas impuestas por los Gobiernos de Felipe González (PSOE) en los años 80 y en 1994, las reformas de los Gobiernos de Aznar (PP) en 1996 y 2001 y finalmente la reforma aprobada por el Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2006.

Con el inicio de la crisis capitalista en 2007, esta tendencia constante al abaratamiento de la fuerza de trabajo y de pérdida de derechos laborales en favor de los monopolios se agrava. En el año 2010, el último Gobierno del PSOE descargó sobre las espaldas de la clase obrera las consecuencias de la crisis aprobando una drástica reforma del mercando laboral, a la que el movimiento obrero y sindical respondió con la huelga general del 29 de septiembre de ese mismo año. Tras el triunfo electoral del Partido Popular en noviembre de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy profundizó en la misma línea aprobando una dura reforma laboral en febrero y julio de 2012, seguida de algunas reformas parciales.

Al objetivo inicial de reducir el precio de la fuerza de trabajo, se suma ahora la individualización de las relaciones laborales en nombre de la doctrina de la “flexiseguridad”, acuñada por la Unión Europea. Los convenios colectivos se sitúan en el punto de mira del bloque dominante oligárquico – burgués y, junto a la negociación colectiva, se trata de aniquilar el movimiento sindical, en un intento de desarmar absolutamente a la clase obrera.

Como se desprende de la gráfica anterior, en el momento anterior a la crisis se firmaron 6.016 convenios colectivos y el 67,3 % de los trabajadores contaban con cláusulas de revisión salarial acordadas en el marco de la negociación colectiva. El pasado año, los convenios firmados se redujeron escandalosamente a 2.847 y sólo el 41,6 % de la clase obrera contó ya con algún tipo de cláusula salarial fruto de la negociación colectiva.

Los derechos sindicales de la clase obrera y también el derecho a la huelga sufren un constante cuestionamiento y se sitúan como el nuevo objetivo de las clases dominantes. Así, en condiciones de crisis capitalista, se sientan las bases para implantar un auténtico terror patronal en los centros de trabajo, buscando impedir una respuesta organizada por parte de la clase obrera.

A pesar de las medidas enumeradas, el movimiento obrero y popular ha reaccionado ante cada una de las ofensivas orquestadas por la patronal y por los gobiernos capitalistas de uno u otro signo. Desde septiembre de 2010 se han realizado tres huelgas generales, complementadas con cientos de huelgas de sector o de empresa. Durante el pasado año las jornadas de huelga se dispararon, incrementándose un 138% los días no trabajados en los primeros nueve meses de 2012. En paralelo, van tomando cuerpo importantes movimientos de masas en contra de la privatización de la enseñanza y la sanidad o exigiendo una vivienda digna.

En este escenario de intensificación de la lucha de clases, los capitalistas y su gobierno no limitan las medidas reaccionarias al ámbito de las relaciones laborales. Se ha puesto en marcha toda una batería de agresiones contra los derechos democráticos y las libertades que impida mediante el recurso a la represión toda respuesta obrera y popular. La lucha social y política está siendo criminalizada.

b)    Recorte de derechos democráticos y libertades.

El desarrollo de la crisis capitalista confirma a diario la máxima leninista de que el imperialismo, fase superior y última del capitalismo, tiende a la reacción en todos los terrenos. En España, esa tendencia se expresa en las siguientes medidas dirigidas a intensificar la dictadura capitalista:

-          En materia electoral se modifica en enero de 2011 la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, obligando a las formaciones sin representación parlamentaria a recoger el 0,1% de avales de los votantes de cada circunscripción. Con ello tratan de impedir la concurrencia electoral de las fuerzas revolucionarias y de conocer al detalle quiénes apoyan al Partido Comunista. El PCPE ha tenido que acudir a distintas instancias judiciales para poder presentarse a las últimas citas electorales, llegando incluso al Tribunal Constitucional, que finalmente avaló algunas de nuestras candidaturas.

-          Limitación de las funciones de partidos y sindicatos. Se está estudiando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que partidos políticos y sindicatos ejerzan la acción popular.

-          Limitación del derecho de manifestación. Cada vez son más habituales las declaraciones de distintos responsables del Gobierno del PP que defienden que el derecho de manifestación debe ser limitado[1].

-          Aumenta la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas. El Gobierno está estudiando una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prohibirá la captación, tratamiento o difusión en internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones.

-          Limitación de las posibilidades de defensa judicial. Se avanza en la privatización de la justicia con las aprobación de la Ley 10/2012, de 20 noviembre, de Tasas Judiciales, que limita económicamente el acceso de los trabajadores a los tribunales ante los abusos patronales y las posibilidades de defensa ante  las crecientes multas administrativas por participar en manifestaciones, piquetes o por el mero hecho de pegar un cartel.

-          En materia penal se endurecen las penas y se orientan contra los partidos políticos y los sindicatos. Se introduce la prisión permanente revisable (cadena perpetua encubierta en abierto fraude constitucional) y se regula la  responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos (Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre), endureciendo las penas previstas para los tipos penales que utilizados contra manifestantes y huelguistas: atentado, resistencia a la autoridad y alteración del orden público.

-          Finalmente se apunta a una limitación del derecho de huelga. Esperanza Aguirre, una de las principales dirigentes del Partido Popular, declaró ante la convocatoria de Huelga General del 14 de noviembre de 2012 que “las huelgas generales deberían estar prohibidas”[2]. Ante la Huelga General del 29 de Marzo de 2012, Esperanza Aguirre pidió un día antes denunciar a través de fotografías y videos a los piquetes[3]. También acosó las huelgas del Metro de Madrid apuntando a su ilegalidad[4].

Todas estas medidas confirman que el bloque dominante oligárquico – burgués se prepara en España para una lucha de clases de extraordinaria dureza. Derechos y libertades son progresivamente eliminados y se intensifica la violencia con que se ejerce la dictadura capitalista, mientras comienza a quebrarse la legitimidad del bipartidismo (PP – PSOE) y de la monarquía parlamentaria.

En este escenario surgen movimientos sociales que, desde posiciones nítidamente pequeñoburguesas, enarbolan consignas funcionales a una reforma a gran escala del edificio capitalista: ¡que se vayan todos!, ¡ni partidos ni sindicatos! Las demandas de estos grupos son ampliamente difundidas desde los monopolios de la comunicación y contribuyen decisivamente a generar en importantes sectores populares la ficción de que es posible otro capitalismo, un capitalismo democrático y participativo en el que se podría desarrollar el denominado Estado del Bienestar. Así, la creciente indignación popular se sitúa bajo claves democrático-burguesas, practicándose y difundiéndose un verdadero culto a la espontaneidad que se contrapone a la organización sindical y política de los trabajadores y trabajadoras con la activa complicidad de las fuerzas oportunistas, que tratan de pescar en río revuelto y de avanzar electoralmente con el objetivo de sustituir al PSOE y de convertirse en el ala izquierda del sistema.

3.- Estrategia y táctica del movimiento comunista en las presentes condiciones.

La posibilidad de un capitalismo de rostro humano, democrático, pacífico y sin lucha de clases, que los centros ideológicos imperialistas trataron de propagar tras el triunfo contrarrevolucionario en la URSS y en las democracias populares del Este europeo, ha sido refutada por los acontecimientos. Los límites históricos de la formación social capitalista se evidencian hoy ante millones de trabajadores y trabajadoras de nuestros países y se confirma que el imperialismo es la fase superior y última del capitalismo, se confirma la tendencia a la reacción en todos los terrenos y se incrementa el peligro de una guerra imperialista a gran escala. Vivimos en la época de transición del capitalismo al socialismo – comunismo, en la época de las revoluciones proletarias.

Los anteriores factores determinan la estrategia de los Partidos Comunistas y Obreros, que para el PCPE debe apuntar al derrocamiento del capitalismo monopolista, al triunfo del poder obrero y a la construcción del socialismo – comunismo. Los Partidos Comunistas y Obreros deben intervenir en la lucha de clases deslindando el campo con las posiciones oportunistas, solo así se podrá modificar la correlación de fuerzas en el seno del movimiento obrero. Debemos definir una política de alianzas de clase que logre aglutinar a los sectores populares que sufren la dureza de la crisis capitalista, forjando una alianza que apunte a la construcción de un frente obrero y popular que, bajo dirección obrera, avance hacia la crisis revolucionaria con el objetivo de la toma del poder.

Los ataques contra los derechos democráticos y las libertades no pueden ser analizados al margen de la tendencia reaccionaria del imperialismo y del carácter de la época. La lucha democrática sólo cobra sentido en el marco de la lucha general por el socialismo – comunismo, pues ninguna tarea democrática depende hoy de las clases dominantes. La burguesía es una clase reaccionaria y su poder debe ser derrocado. La única clase social de cuyos intereses objetivos nace un proyecto democrático es el proletariado. Un proyecto democrático para los trabajadores y trabajadoras y los sectores populares aliados que, al mismo tiempo, será dictadura para las clases reaccionarias: la dictadura revolucionaria del proletariado bajo las formas que en cada caso adopte el poder obrero y popular.

La reacción desatada por las clases dominantes en ningún caso puede servir de pretexto para justificar una táctica independiente de los objetivos estratégicos del poder obrero y la construcción socialista. La lucha democrática no puede separarse de la lucha de clases. La táctica es el elemento flexible en el accionar de los Partidos Comunistas y Obreros, pero tal flexibilidad se justifica exclusivamente en la medida en que atiende a las cambiantes condiciones de la lucha de clases y sirve de la manera más eficaz al objetivo estratégico; mientras que se convierte en lamentable oportunismo cuando, con uno u otro pretexto, se separa del objetivo estratégico y muta hasta convertirse en coartada para el apuntalamiento de una dictadura capitalista a la que se termina embelleciendo.

La táctica de los Partidos Comunistas y Obreros pasa por implicarse activamente en la lucha contra los ataques a los derechos democráticos y las libertades, poniendo de manifiesto ante las grandes masas que esas medidas reaccionarias son consustanciales al imperialismo, que tras cada recorte de derechos se esconde el propósito de mantener a la clase obrera indefensa y desarmada ante los monopolios. Cada zarpazo represivo del enemigo de clase debe ser aprovechado para destruir la legitimidad de la dictadura capitalista y para ampliar el frente de lucha por el socialismo – comunismo. La táctica de nuestros partidos debe contemplar la necesidad de enfrentar las posiciones oportunistas que defienden la utopía reaccionaria de un capitalismo democrático y participativo con justicia social, tal y como hacen las fuerzas adscritas al Partido de la Izquierda Europea. La derrota de esas posiciones en el seno del movimiento obrero y sindical es condición sin la cual el cambio en la correlación de fuerzas para avanzar en un sentido revolucionario se torna imposible.

En el actual escenario surge de nuevo el debate sobre la oportunidad de participar en frentes populares de carácter interclasista, especialmente en las actuales condiciones en que en toda una serie de países cobran fuerza organizaciones con planteamientos abiertamente fascistas. Al igual que las luchas democráticas no pueden desligarse de la lucha por el socialismo – comunismo, el fenómeno fascista no puede analizarse al margen de la formación social imperialista que les da vida. Hoy no cabe contraponer fascismo a democracia, entendida en abstracto y al margen de su contenido clasista. El fascismo no es un fenómeno aislado de las necesidades de las clases dominantes para incrementar la explotación y enfrentar las dificultades en el proceso de acumulación de capital, tratando de reanudar la reproducción ampliada.  Por tanto, los Partidos Comunistas debemos insistir en las líneas de continuidad existentes entre una y otra forma de ejercicio de la dictadura capitalista, debemos insistir en el carácter instrumental que el fascismo tiene para el poder monopolista. Debemos sumar a la lucha a amplios sectores sociales contra la reacción, pero no podemos permitir que la lucha obrera y popular se libre bajo pabellón ajeno, siguiendo el señuelo de la defensa de la democracia burguesa y, por tanto, apuntalando la dictadura capitalista. Combatir contra el fascismo y la reacción es combatir contra el capitalismo y solo con la toma del poder y la construcción socialista el triunfo estará garantizado.

Debemos denunciar la relación existente entre los recortes de derechos democráticos y libertades y la entrada en escena de las fuerzas fascistas, dirigidas principalmente a extender el terror en las filas del movimiento obrero y popular y a golpear a las fuerzas comunistas. Nuestros partidos deben estudiar las medidas a adoptar para defenderse de la creciente represión que, de la mano del anticomunismo, se hace cada día más presente y se intensificará en los próximos años, partiendo del principio de que la mejor defensa se encuentra en nuestra capacidad de movilización de masas, en construir lazos sólidos con la clase obrera y los sectores populares. Y más aún en las actuales condiciones en que el desarrollo científico técnico ha puesto en manos del capitalismo poderosos medios para monitorear la acción de las organizaciones revolucionarias. Nuestro Partido viene soportando en los últimos años todo tipo de situaciones en las que desde las instancias de poder se trata de dificultar nuestra acción: anulación de listas electorales, cuantiosas multas económicas, falsas acusaciones con petición de penas de prisión para militantes, detenciones bajo la falta acusación de terrorismo y puesta a disposición de la Audiencia Nacional, etc.

En las actuales condiciones, cobra también importancia decisiva la caracterización de las actuales alianzas imperialistas frente al discurso de la denominada multipolaridad. Se está produciendo un reajuste del papel jugado por cada potencia en la pirámide imperialista, las contradicciones entre las distintas potencias y alianzas imperialistas se están incrementando y, con ellas, el peligro de una guerra de rapiña a gran escala. La táctica de los Partidos Comunistas y Obreros debe tomar en consideración esas contradicciones, pero eso no justifica el abandono de los principios del internacionalismo proletario que supone el optar por una u otra alianza o potencia imperialista. No hay un imperialismo bueno al que apoyar frente a un imperialismo malo. Por tanto es esencial caracterizar correctamente cada alianza imperialista y analizar no sólo las contradicciones con otras alianzas, sino las contradicciones que se producen en su propio seno fruto de la ley del desarrollo desigual. En el caso de los Partidos Comunistas y Obreros de países miembros de la Unión Europea es un deber luchar contra esa alianza interestatal imperialista en el marco de la lucha por el derrocamiento del capitalismo y el poder obrero, por el socialismo y el comunismo. En la misma lógica, debemos luchar decididamente contra la OTAN y el resto de alianzas militares, contra la propia militarización de la economía, por el regreso de las tropas que cada uno de nuestros países envía a la guerra imperialista.

Todo indica que debemos prepararnos para superiores niveles de confrontación, en los que la solidaridad internacional, expresión de nuestros principios internacionalistas proletarios, debe jugar un papel esencial. El siglo XXI será el siglo de las revoluciones socialistas triunfantes, el siglo en que triunfo de la clase obrera contra toda forma de barbarie.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España.
Madrid, mayo de 2013.


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            [4] http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2013-01-09/aguirre-apunta-que-las-huelgas-de-metro-podrian-ser-ilegales-1276478811/

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