Los ataques a la educación pública y los cambios legales que afectan a la estructura y calidad de ésta no son algo nuevo. A pesar del impacto que ha supuesto a nivel subjetivo en muchos estudiantes la propuesta del gobierno sobre la modificación de los planes de estudio (el popularmente conocido 3+2), lo cierto es que la estrategia general en la cual se enmarca este paso lleva ya tiempo siendo aplicada progresivamente.
La intención es clara: quitar ladrillos a la educación pública uno a uno, para ir modificando sigilosamente la fisonomía de ésta de acuerdo con los intereses de las grandes empresas.