El Estado español invierte cada año más de dos mil millones de euros en estos cursos (aproximadamente la mitad dirigidos a gente en desempleo). Recientes tramas de corrupción investigadas demuestran que buena parte de ellos acaban en manos privadas por cursos que se imparten sin alumnado (entre otras triquiñuelas).
¿Sirven realmente estos cursos para que la juventud en desempleo encontremos trabajo, o sólo valen para engordar bolsillos de políticos y dirigentes sindicales corruptos o empresas corruptoras? Ese es el dilema que intentaremos abordar en estas líneas.