Ana Escauriaza
Los desahucios se han convertido en una de las consecuencias más visibles y vergonzosas de la crisis. Las imágenes de familias llorando mientras son arrastradas por la policía son habituales en todos los medios de comunicación. Por si esto fuera poco hay que añadir el número cada vez más grande de personas que se suicidan al ver que lo pierden todo. No obstante, aunque parece un fenómeno novedoso, la realidad es, como casi siempre, mucho más antigua. Los medios de comunicación se han centrado en un problema que existe desde hace tiempo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció este 16 de noviembre que desde 2008 hasta la fecha se habían ejecutado en España 400.000 desahucios. El Ministerio de Economía, intentando lavar su imagen, especificó que esa cifra es exagerada e incluye desahucios de segundas viviendas, tiendas o naves industriales. Sin embargo quién puede negar que perder la tiendecita del barrio o el pequeño taller no es un ejemplo más de la pauperización de los sectores populares.
¿A qué se van a dedicar el tendero que ha trabajado toda la vida en su panadería, o el carpintero en su pequeño taller de ebanistería, al perder sus locales? No les han echado de sus casas pero les han quitado el sustento, perder el hogar es el siguiente paso.
Vayamos a las causas de los desahucios. La burguesía, representada como ya sabemos por PP y PSOE, ha decidido “poner fin” a los desahucios. Sin embargo, el problema no es que una persona no pueda pagar su hipoteca; sino por qué esa persona no puede pagar la hipoteca. Es decir, el problema es la crisis capitalista y, en última instancia, el capitalismo mismo. Poner pequeños parches a los desahucios sin ahondar en el problema, sin solucionar problemas mucho más graves, como los casi 6 millones de parados, el 52% de jóvenes sin trabajo, o la una de cada cuatro personas en el Estado español por debajo del umbral de la pobreza, es volver a despresurizar la olla un poco para evitar que explote.
Ahora, cínicamente, la burguesía se echa las manos a la cabeza, pero en 2009, por una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil se aprobaron los Desahucios Express, endurecidos en 2011 con la aprobación de una ley bautizada con ese mismo nombre, la Ley de los Desahucios Express. En palabras del Gobierno, las modificaciones de leyes existentes querían paliar los efectos de la particular crisis que estaba sufriendo el mercado del suelo y la vivienda. Según la burguesía: si se agilizaban los procesos para un desahucio los propietarios de las viviendas tendrían más confianza en el mercado (no olvidemos que para la burguesía toda la crisis es una consecuencia de la falta de confianza de los mercados) y pondrían sus viviendas en alquiler / compra. Para la burguesía el problema es el siguiente: los alquilados / hipotecados no pagan las obligaciones contraídas porque no quieren, la ley es demasiado blanda y permite a estas personas vivir ''de gratis'' en una vivienda que no es suya; la inmobiliaria / constructora / burgués de turno tiene miedo a perder su vivienda y no recibir el pago ''justo'' por cederla para el uso que sea; si se endurece la ley los inquilinos tendrán que pagar, la morosidad bajará, los burgueses pondrán en alquiler / venta todas las viviendas que tienen y el mercado volverá a la normalidad. A nadie se le ocurrió que las familias dejaban de pagar no porque no quisieran, sino porque no podían. A nadie se le ocurrió que endurecer unas normas ya de por sí duras e injustas iba a agravar el problema; al agilizar y endurecer los plazos y requisitos metían en el grupo de futuros desahuciados a familias que, estando en una situación difícil, con pequeñas flexibilidades que se le diesen, podrían haber sacado la situación adelante. No vamos a analizar en profundidad los cambios que se produjeron en la legislación con las modificaciones de 2009, pero, en esencia y como decimos, se facilitaron enormemente los desahucios. Evidentemente, el número de impagos se elevó como la espuma y los jueces no daban a basto. Fue entonces cuando la burguesía, en otro momento de lucidez, decidió aprobar la ley de 2011, permitiendo que los desahucios los llevará a cabo el Secretario Judicial, para agilizar los mismos. De nuevo más desahucios y de nuevo más problemas.
Y llegamos al 2012, el Gobierno aprueba este noviembre un Decreto-Ley para paliar los efectos de los desahucios. La norma aplica la misma lógica usada en otras esferas: aumentar las tasas de los estudios para disminuir el número de alumnos y evitar la saturación de aulas; poner trabas y pagos en el uso de servicios sanitarios para, posteriormente, poder eliminar hospitales... Pero es que además, el Decreto-Ley no pone ni siquiera un buen parche a los desahucios. En primer lugar hay que señalar lo abstracto del grupo o grupos que podrán beneficiarse de esta normativa y podrán evitar el desahucio. La cuestión fundamental, ''que los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda'' es tremendamente subjetiva y da pie a la arbitrariedad. ¿Qué es una alteración significativa de sus circunstancias económicas? ¿Dónde se pone la barrera de qué es una alteración significativa y qué no lo es?
En segundo lugar, el desahucio se suspende hasta pasados dos años. ¿Y pasado este tiempo qué? De nuevo nos encontramos con el discurso ya mencionado: esta crisis es una situación coyuntural, en cuanto los mercados recuperen la confianza todo volverá a la ''normalidad''. ¿Quién puede creerlo? Así pues, este Decreto-Ley es simplemente ese parche ya zurcido hasta la saciedad: trasladar el problema al futuro, esperando a que las aguas estén más calmadas, para entonces de nuevo ejecutar la injusticia.
Por último, señalar que el Decreto-Ley no es aplicable a todas las situaciones, el propio texto legal especifica una serie de requisitos que tienen que darse para evitar el desahucio. No se intenta impedir los desahucios, simplemente retrasar aquellos más sangrantes para evitar la respuesta social. Los desahucios son consecuencia fundamental de una crisis que está hundiendo en la miseria a la mayoría de la población mientras unos pocos siguen llenando cuentas en el banco.
Vayamos ahora sobre la dación en pago. En España, esta fórmula está defendida por diferentes plataformas y colectivos centrados en el tema de los desahucios; entre los que destacan la PAH (Plataforma de Apoyo a los Hipotecados) cuya creación data del año 2009. La PAH, además de brindar asistencia jurídica y psicológica y de movilizar al barrio y otros colectivos ante los desahucios, recoge firmas para la aprobación de una nueva ley sobre la vivienda que incluya la dación en pago.
Pero, ¿qué es la dación en pago? La dación en pago es un mecanismo que propone que, ante la imposibilidad de pagar una vivienda, el sujeto la da al banco y la deuda desaparece. Debemos recordar que en la actualidad, en el Estado español, si una familia no paga la hipoteca, no sólo es sacada de su vivienda y ésta pasa a ser propiedad del banco, sino que además tiene que saldar la deuda. La dación en pago, no obstante, sigue siendo una solución injusta. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Ahora mismo yo voy a firmar una hipoteca al banco por valor de 100.000€. Recordemos que yo no voy a pagar sólo 100.000€, que pagaré 100.000€ más los intereses, que fijaremos aquí en 25.000€. Digamos que yo he pagado, a lo largo de varios años, 110.000€ de mi deuda. Es decir, he pagado el importe total del préstamo que pedí más 10.000€ que he regalado al banco en importe de intereses. Sólo me quedan por pagar 15.000€ pero mi situación económica se tuerce y no puedo hacer frente al pago. La dación en pago me haría entregar mi casa –por valor de 100.000€– al banco para saldar la deuda. ¿Qué sentido tiene que yo dé al banco un inmueble por valor de 100.000€ para pagar una deuda casi 10 veces menor? Pero no es solo eso, pues perder la vivienda agudiza mi problema fundamental: que no tengo dinero. Sin casa tendré o que volver con mis padres o cualquier familiar o amigo o bien vivir en la calle. Esta situación desde luego no es la que ofrece las mejores condiciones para que pueda volver a una situación económica siquiera de supervivencia.
Tampoco podemos pensar en la dación en pago como la más revolucionaria de las soluciones posibles al problema de la vivienda. Aunque en nuestro Estado la dación en pago está en boca de colectivos y plataformas sociales, la realidad es que la propia Unión Europea se ha pronunciado sobre el asunto. Un organismo internacional nada sospechoso de querer la igualdad social como es la UE ha dictado una Directiva al respecto; la Abogada General del Tribunal de Justicia Europeo, Juliane Kokott, está siendo la voz de la UE sobre la dación en pago en España. Aunque la Directiva en sí no habla de la dación en pago, presupone que debe existir ésta u otra serie de medidas que impidan los abusos de los bancos en situaciones de hipotecas y alquileres. Si la Unión Europea, organización del gran capital europeo, que sólo quiere recuperar el dinero invertido en países como Grecia o España a base de saquear y sangrar al pueblo; un organismo al que no le importa acabar con la sanidad, educación, prestaciones sociales y, en general, cualquier derecho de la clase obrera, presiona al Estado español para modificar la legislación referente a la vivienda, podemos concluir que la dación en pago no va a solucionar nada.
Hemos analizado el problema de los desahucios y sus causas, hemos visto también como la burguesía ha ido endureciendo la ley para garantizarse el cobro de las hipotecas y alquileres pese a que ello conlleva el empobrecimiento brutal de los trabajadores y hemos visto cómo la dación en pago no es una solución viable. Nos queda ofrecer pues una solución a todo este problema. Mientras exista un sistema cuya finalidad principal sea explotar a una gran mayoría para que una minoría viva entre lujos, mientras los Estados respondan a los intereses de estos explotadores y no les importe usar todos los mecanismos que tienen –desde los aparatos judiciales a los policiales– para garantizar el bienestar de los empresarios y banqueros, mientras todo ello suceda, cualquier solución que se presente sin romper con el marco del sistema será inútil. El sistema no da para más y quienes se benefician de ello lo saben. Por eso han empezado a meter sus garras en los sectores públicos, quieren convertir en empresas los hospitales, los colegios, las universidades, para obtener de ahí nuevos beneficios, porque saben que los sectores ya controlados no tienen más margen. También quieren reducir costes de donde sea, tanto del Estado como de su propia empresa, esto significa peores salarios, desaparición de servicios básicos, más empobrecimiento. La vivienda es uno de los eslabones de esta cadena que los trabajadores y trabajadoras llevamos cogida a los pies. Lejos de quitárnosla, día tras día, mes tras mes y año tras año, los burgueses colocan más peso y más eslabones sobre ella. Cuando ven que no podemos más, quitan algo de peso para aliviarnos y nosotros nos sentimos ligeramente más livianos; pero caminar con cadenas, sean del peso que sean, cansa y cuesta. Mientras no rompamos las cadenas nunca dejaremos de cargar con el peso que supone dar de comer a una minoría que, sin nosotros, no sobreviviría. O ellos, o nosotros. O dejamos que nos sigan explotando, que nos nieguen hasta lo más básico –el techo, el pan– o rompemos las cadenas.
